Se recomienda a los entes públicos revisar anualmente su marco normativo que regula el Sistema de Control Interno y los que no cuenten con él, implementarlo, de tal modo que, se analicen, identifiquen, cataloguen y prioricen, evaluando los riesgos inherentes en los procedimientos de contratación y operaciones con proveedores de servicios y contratistas.

Se recomienda a los titulares de todas las entidades públicas y municipios, promover y difundir eficaz y eficientemente las leyes y procedimientos jurídicos existentes para fomentar y facilitar la participación ciudadana respecto de los procesos de contratación pública y operación con proveedores que realice, fortaleciendo la transparencia proactiva.

Se recomienda al Poder Ejecutivo, ponderando dentro de sus facultades, presentar la iniciativa de una nueva ley en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública del estado de Yucatán, analizando e implementando los estándares internacionales, priorizando el eje de gobierno digital y transparencia pro activa.

Se recomienda al H. Congreso del Estado, tan pronto conozca por los conductos legales, priorizando dentro de su agenda legislativa, el estudio, análisis, discusión y aprobación de una nueva ley en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública.

Se recomienda al H. Congreso del Estado analizar el marco normativo de protección en el estado y realizar ñas adecuaciones de ley necesarias para la protección específica de testigos y denunciantes de hechos de corrupción.

Se recomienda a los partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que al postular como candidato para cargos de elección popular a personas que se hubieren desempeñado como servidores públicos en cualquier esfera gubernamental, consideren el cumplimiento de sus obligaciones ante los órganos fiscalizadores, en caso de existir dicha obligación, así como la rendición de declaraciones patrimoniales, de interés y constancia de presentación de la declaración fiscal, en aras a fomentar una política de integridad gubernamental, acorde con los principios que rigen la actuación de los servidores públicos.

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