La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY) es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveer asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Fracción III del artículo 101 bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán está integrado por dos órganos colegiados que son el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana (CPC). De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el CPC es la instancia, que tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento del objeto del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias de los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
Es el eje rector del sistema estatal, conformado por los titulares o representantes de seis instituciones de gobierno y quien preside, cuya función es establecer, articular y evaluar las políticas públicas, procedimientos y principios entre los entes públicos para la prevención, disminución y combate a la corrupción.
Este mecanismo tiene la finalidad dar atención y trámite a las quejas presentadas por parte de la ciudadanía ante la Comisión Ejecutiva o la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos, o particulares por la presunta comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción, a efecto de emitir, en caso de ser procedente, una recomendación pública de carácter institucional que contenga una política pública, con propósito de fortalecer la cultura de integridad y el comportamiento ético.
La Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY),aprobada el 6 de diciembre del 2021 por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatàn, es un documento dirigido a la ciudadanía y al gobierno que marcará el camino para el combate a la corrupción en nuestro Estado. Implementar las 60 prioridades de política pública contenidas en la PEAY traerá beneficios a la administración pública y a la sociedad.Te invitamos a conocer la aquí mismo.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción es uno de los principales tratados multilaterales con el fin de prevenir y combatir la corrupción.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción es un instrumento de derecho internacional logró concertar una agenda anticorrupción por parte de los países signatarios, estableciendo normas y un marco de cooperación regional para tratar la corrupción.
La Convención Anticohecho de la OCDE es el primer acuerdo internacional anticorrupción de naturaleza legalmente vinculante que se enfoca en la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva.
El índice de Percepción de la Corrupción 2018, mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países y territorios, mediante 13 tipo de encuestas diferentes y evaluaciones realizada por expertos.
La lectura pretende aportar algunas ideas para entender los conceptos de transparencia y ética pública en el contexto del fenómeno de la corrupción.
Este Cuaderno nos invita a mirar bien el concepto y las políticas asociadas en el combate a la corrupción, respondiendo así, varias interrogantes que surgen en relación al tema.
En éste Cuaderno el autor desarrolla una sutil e imaginativa argumentación, que nos ayuda a entender de mejor manera lo que es la rendición de cuentas, sus alcances y límites.
Un acercamiento breve y preciso a la Convención Mérida firmada en diciembre del 2003, que ayuda a comprender la importancia de atender el fenómeno de la corrupción a nivel mundial.
Doctorando en Derecho por la Universidad Anáhuac, Mayab; Coordinador de Ciencias Sociales y Negocios Internacionales en la UVM campus Mérida y profesor de asignatura de Derecho, Relaciones y Negocios Internacionales; Especialista en Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Energéticos.
Doctora en Educación por la Universidad La Salle Guadalajara, Maestra en Investigación Educativa por el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS). Docente universitaria a nivel posgrado, investigadora y consultora en el diseño de programas educativos.
Maestro en Administración Pública y Licenciado en Derecho. Consultor general certificado, especialista en empresas familiares, buenas prácticas corporativas y compliance. Primer vicepresidente de la sección Yucatán de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE).
Jefe del Departamento de Recomendaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY)
Egresada de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.
Comité de Ética estudiantil UPP
Miguel Óscar Sabido Santana
